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COVID-19: Medidas En Materia Laboral Y Seguridad Social

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COVID-19: Medidas en materia Laboral y Seguridad Social

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 8/2020 otro paquete de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que complementa el RDL 7/2020 que se publicó el viernes pasado. Esta…

Se ha publicado en el BOE el Real Decreto Ley 8/2020 otro paquete de medidas urgentes y extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, que complementa el RDL 7/2020 que se publicó el viernes pasado.

Esta normativa entra en vigor el mismo día de su publicación y extiende su vigencia por un mes, previendo la posibilidad de prórroga.

A continuación, resumimos lo más destacable en materia Laboral y de la Seguridad Social:

 

1.- Preferencia trabajo a distancia

Deberá priorizarse el trabajo a distancia frente a otras medidas como el cese temporal o reducción de jornada.

Se cumplirá con la exigencia de la LPRL (ey 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales) a través de una autoevaluación de riesgos efectuadas por la propia persona trabajadora.

 

2.- Derecho a la adaptación del horario y reducción de jornada

Los trabajadores por cuenta ajena que acrediten deberes de cuidado respecto del cónyuge o pareja de hecho, a familiares por consanguinidad hasta el segundo grado, tienen derecho a la adaptación o reducción de su jornada laboral al objeto de evitar la transmisión del COVID-19.

Los conflictos que pudieran generarse por la aplicación del presente artículo serán resueltos por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social. El ejercicio de los derechos previstos en el presente artículo se considera ejercicio de derechos de conciliación a todos los efectos.

La reducción especial de la jornada de trabajo conllevará la reducción proporcional de su salario.

La reducción de jornada especial deberá ser comunicada a la empresa con 24 horas de antelación, y podrá alcanzar el cien por cien de la jornada si resultara necesario, sin que ello implique cambio de naturaleza a efectos de aplicación de los derechos y garantías establecidos en el ordenamiento para la situación prevista en el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores.

En caso de reducciones de jornada que lleguen al 100 % el derecho de la persona trabajadora deberá estar justificado y ser razonable y proporcionado en atención a la situación de la empresa.

En el caso de que la persona trabajadora ya disfrutara de una adaptación de su jornada por conciliación o de una reducción de jornada por cuidado de hijos o familiares, o de alguno de los derechos de conciliación previstos en el ordenamiento laboral, podrá renunciar temporalmente a él debiendo la solicitud limitarse al periodo excepcional de duración de la crisis sanitaria y acomodarse a las necesidades de organización de la empresa, presumiéndose que la solicitud está justificada, es razonable y proporcionada salvo prueba en contrario.

 

3.- Prestación extraordinaria por cese actividad de autónomos

Con carácter excepcional y vigencia limitada a un mes, a partir de la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, o hasta el último día del mes en que finalice dicho estado de alarma, los trabajadores por cuenta propia o autónomos tendrán derecho a la prestación extraordinaria por cese de actividad si:

  • Ejercen actividades suspendidas en virtud de lo previsto en el mencionado Real Decreto 463/2020

ó

  • La facturación en el mes anterior al que se solicita la prestación se vea reducida, al menos, en un 75 por ciento en relación con el promedio de facturación del semestre anterior

Para percibir la prestación extraordinaria por cese de actividad deberán cumplirse los siguientes requisitos:

  • Estar afiliados y en alta, en la fecha de la declaración del estado de alarma, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA) o, en su caso, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
  • En el supuesto de que su actividad no se vea directamente suspendida en virtud de lo previsto en el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, acreditar la reducción de su facturación en, al menos, un 75 por ciento, en relación con la efectuada en el semestre anterior.
  • Estar al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social. Si en la fecha de la suspensión de la actividad o de la reducción de la facturación no se cumpliera este requisito, se podrá liquidar la deuda en treinta días naturales para la adquisición del derecho a la protección.

La cuantía de la prestación regulada en este artículo se determinará aplicando el 70 por ciento a la base reguladora y tendrá una duración de un mes, ampliándose, en su caso, hasta el último día del mes en el que finalice el estado de alarma.

El tiempo de su percepción se entenderá como cotizado y no reducirá los períodos de prestación por cese de actividad a los que el beneficiario pueda tener derecho en el futuro.

 

4.- Medidas de flexibilización en los expedientes de regulación temporal de empleo por fuerza mayor (suspensión de contratos o reducción de jornada-ERTEs)

Se aplicará a las empresas que sufran pérdidas de actividad como consecuencia del COVID-19, incluida la declaración del estado de alarma, que impliquen suspensión o cancelación de actividades, cierre temporal de locales de afluencia pública, restricciones en el transporte público y, en general, de la movilidad de las personas y/o las mercancías, falta de suministros que impidan gravemente continuar con el desarrollo ordinario de la actividad, o bien en situaciones urgentes y extraordinarias debidas al contagio de la plantilla o la adopción de medidas de aislamiento preventivo decretados por la autoridad sanitaria, que queden debidamente acreditados.

Procedimiento:

  • Solicitud de la empresa a la autoridad laboral (AT) acompañada de un informe relativo a la vinculación de la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 y, en su caso, documentación acreditativa. Se comunicará la solicitud a las personas trabajadoras o a sus representantes (si los hay) con traslado del informe.
  • Resolución por la AT en el plazo de 5 días y se limitará a constatar la causa de fuerza mayor.
  • Efectos desde la fecha del hecho causante de la fuerza mayor.
  • La decisión final se comunica a los afectados.

 

5.- Cotización durante los expedientes de suspensión de contratos o reducción de jornada derivados de fuerza mayor por el COVID-19

Mientras dure el período de suspensión de contratos o reducción de jornada autorizado por fuerza mayor, se exonerará a la empresa del abono de la aportación empresarial prevista en el artículo 273.2 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre en los siguientes porcentajes:

  • Cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera menos de 50 trabajadores en situación de alta en la Seguridad Social, el 100%
  • Cuando la empresa, a 29 de febrero de 2020, tuviera 50 trabajadores o más en situación de alta en la Seguridad Social, el 75%.

Dicha exoneración no tendrá efectos para el empleado y se aplicará por la Tesorería General de la Seguridad Social a instancia del empresario, previa comunicación de la identificación de los trabajadores y período de la suspensión o reducción de jornada.

La Tesorería General de la Seguridad Social establecerá los sistemas de comunicación necesarios para el control de la información trasladada por la solicitud empresarial, en particular a través de la información de la que dispone el Servicio Público de Empleo Estatal, en relación a los periodos de disfrute de las prestaciones por desempleo.

 

6.- Desempleo

  • Se reconoce del derecho a la prestación contributiva por desempleo a los trabajadores afectadas, aunque carezcan del período de ocupación cotizada mínimo necesario para ello.
  • El tiempo en que se perciba la prestación por desempleo no computará a los efectos de consumir los períodos máximos de percepción establecidos.
  • Podrán acogerse empleados incluidas en el artículo 264 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, los socios trabajadores de sociedades laborales y de cooperativas de trabajo asociado con cotización para la contingencia de desempleo.
  • En todos los casos se requiere que el inicio de la relación laboral o societaria hubiera sido anterior a la fecha de entrada en vigor de este real decreto-ley.
  • Para percibir la prestación por desempleo no será exigible ningún período mínimo de ocupación cotizado

 

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